La Corte Suprema frenó la derogación de la Ley de Tierras y devolvió el límite a la compra de campos por extranjeros
El Palacio de Justicia de la Nación, sede de la Corte Suprema, en Buenos Aires. Foto: En.planicie / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
La Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma con la que el Gobierno había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión, resuelta con las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti junto a dos conjueces convocados especialmente para destrabar el expediente, implica que vuelven a aplicarse los límites vigentes desde 2011 a la adquisición de campos por parte de ciudadanos y sociedades extranjeras, al menos hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del planteo.
El tribunal fundamentó la medida en la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva frente a un posible daño ambiental irreparable, en una causa iniciada por la asociación civil Árbol de Pie, comunidades mapuche y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Según remarcaron, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo del DNU recién se abordará en una etapa posterior del proceso: lo resuelto ahora es una medida cautelar, de carácter provisional.
El fallo llega apenas diez días después de que la propia Corte, el 29 de septiembre, hubiera dejado vigente el decreto que habilitaba la venta de tierras sin restricciones, lo que había generado críticas de organizaciones ambientalistas y de sectores de la oposición. Ante la falta de unanimidad entre Rosatti, Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal debió convocar a dos conjueces de instancias inferiores para destrabar la votación; Rosenkrantz volvió a quedar en minoría al firmar en disidencia.
La resolución reabre un debate que había cobrado fuerza en las últimas semanas en el Congreso y en distintas provincias, donde gobernadores e intendentes rurales reclamaban certeza sobre qué régimen rige para las operaciones inmobiliarias con capitales extranjeros. El Gobierno no se había pronunciado todavía sobre el fallo, calificado por el propio tribunal como parte de un expediente que sigue abierto y cuyo fondo todavía no tiene fecha de resolución.
