Un sector de la oposición logró convocar a una sesión especial en Diputados para restituir la Ley de Tierras el 15 de octubre
El Palacio del Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires. Foto: Eurico Zimbres / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5).
Un sector de la oposición en la Cámara de Diputados consiguió convocar una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de restituir la Ley de Tierras Rurales, derogada en diciembre de 2023 por el DNU de desregulación económica del gobierno de Javier Milei. La iniciativa busca revertir uno de los puntos más discutidos de ese decreto, que eliminó los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
El proyecto que empuja la restitución ingresó el 1 de octubre a la Cámara baja con la firma del diputado Eduardo Félix Valdés y plantea devolverle vigencia a la ley 26.737, sancionada originalmente en 2011. La norma había quedado sin efecto por el artículo 154 del DNU 70/23, un punto que el Gobierno defendió como parte de su estrategia para atraer inversión extranjera al agro y que la Corte Suprema, días atrás, debió salir a aclarar que su fallo sobre el tema había sido solo de forma procesal, no de fondo.
La ley que se intenta recuperar fija un tope del 15% de la superficie rural del país en manos de titulares extranjeros, contando tierras nacionales, provinciales y municipales, y establece que ningún grupo de una misma nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo. También impone un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola y suma restricciones adicionales para las tierras ubicadas en zonas de frontera o junto a grandes cuerpos de agua.
El primer obstáculo que deberá superar la sesión es reunir el quórum de 129 diputados, algo que no está garantizado dado el actual mapa de alianzas en la Cámara. El debate además llega en un momento de tensión con otra iniciativa del Gobierno: un programa de ciudadanía por inversión que ofrece la nacionalidad argentina a extranjeros que aporten entre 350.000 y 800.000 dólares, algo que para los impulsores de la ley de tierras resulta contradictorio con la idea de restringir el acceso extranjero al territorio nacional.