La Corte Suprema defendió su fallo sobre la Ley de Tierras y la oposición presentó una cautelar para frenarlo

La Corte Suprema salió hoy a respaldar públicamente el fallo que la semana pasada allanó el camino a la derogación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en medio de una ola de críticas en redes sociales. En un comunicado inusual, el máximo tribunal remarcó que «la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia», en respuesta a los cuestionamientos que recibió tras rechazar el planteo de un centro de excombatientes de Malvinas.

El tribunal insistió en que su decisión del 29 de septiembre fue estrictamente procesal: rechazó la demanda porque consideró que la entidad de veteranos no tenía legitimación para presentarla, pero aclaró que eso no significa que haya convalidado el fondo de la cuestión. Según remarcó, el fallo no impide que otras personas o entidades presenten nuevos planteos judiciales ni obstruye que el Congreso debata el tema, que la propia Corte describió como una controversia que «todavía no ha sido resuelta».

El comunicado se conoció sin la firma de uno de los jueces del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que no participó de su redacción ni de su aprobación. De fondo está la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó los límites que fijaba la Ley de Tierras: hasta entonces, ningún extranjero podía ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, con un tope del 30% por nacionalidad y de 1.000 hectáreas por comprador.

En paralelo, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Alejandro «Bali» Massot presentaron hoy una medida cautelar autónoma para suspender los efectos de esa derogación hasta que haya una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Los legisladores sostienen que, de no frenarse ahora la venta irrestricta de tierras a extranjeros, «lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse», por lo que buscan evitar que avancen operaciones mientras la Justicia resuelve el litigio de fondo.