Santa Fe avanza en la Legislatura con una reforma de seguridad que amplía las facultades de fiscales y policías

El oficialismo provincial impulsa en la Legislatura de Santa Fe un paquete de reformas en materia de seguridad bajo el título «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública», que modifica normas procesales penales, de ejecución de la pena y de inteligencia criminal, y que según sus propios impulsores reúne una docena de puntos que ya generan resistencia en otros bloques legislativos.

Entre las medidas más discutidas figura una regla de validación probatoria que permitiría dar por válidas, bajo ciertas condiciones, pruebas que hoy quedarían excluidas por la doctrina del «fruto del árbol envenenado», además de una herramienta que habilitaría a los fiscales a disponer por decreto propio -sin intervención judicial inmediata- medidas como la vigilancia electrónica, restricciones de circulación o cauciones.

El proyecto también crea la figura de «zona de intervención policial especial», que facultaría al Poder Ejecutivo provincial a intervenir en sectores con altos índices de criminalidad con atribuciones excepcionales para regular la circulación y el uso del espacio público, y suma iniciativas sobre defensa especializada para integrantes de las fuerzas de seguridad, trazabilidad de celulares robados y prevención de la violencia de género.

La estrategia política, impulsada por el presidente de la comisión de Seguridad, Martín Rosúa, y por José Corral, consiste en pedir a los demás bloques una devolución por escrito para medir de antemano las resistencias antes de llevar el proyecto al recinto; el oficialismo apunta a conseguir la votación en la sesión de la Cámara baja prevista para el 29 de octubre.