El Gobierno negocia blindar el DNU 70/23 en el Congreso mientras cierra acuerdos electorales con los gobernadores
El presidente Javier Milei. Foto: Embajada de Estados Unidos en Argentina derivative works: OPlibertad / Wikimedia Commons (dominio público).
El Gobierno nacional encara una nueva negociación legislativa para sostener el Decreto 70/23, la norma de desregulación económica que quedó en el centro de la disputa después de que la Corte Suprema declarara la nulidad de la ley de tierras rurales. La Casa Rosada busca evitar que el fallo del máximo tribunal termine arrastrando también la caída del resto del decreto, que incluye buena parte de las desregulaciones que el oficialismo considera un pilar de su gestión económica.
En el Congreso, los bloques de la oposición peronista y de izquierda reclaman ir más allá del fallo judicial y avanzar con un proyecto que derogue directamente el DNU en su totalidad, no solo el capítulo de tierras. El oficialismo, en cambio, intenta separar ambas discusiones para preservar el resto del decreto y evitar un revés político de mayor escala a pocas semanas de un año electoral clave.
Según el conteo que circula entre los despachos legislativos, a la oposición todavía le faltarían alrededor de doce diputados para reunir el quórum y los votos necesarios para avanzar con la derogación completa, un margen que el oficialismo intenta ampliar negociando con gobernadores aliados. Karina Milei encabeza esas conversaciones, que incluirían a por lo menos diez mandatarios provinciales dispuestos a cerrar acuerdos electorales a cambio de respaldo legislativo en temas sensibles, entre ellos la eliminación de las PASO y las reelecciones de gobernadores.
El trasfondo económico de la discusión incluye los anuncios de inversión por unos 27.000 millones de dólares que el Gobierno difundió durante la Argentina Week en París, una cifra que la administración busca capitalizar políticamente mientras la opinión pública mantiene la mirada puesta en otros frentes: el desempleo y la pobreza siguen encabezando las principales preocupaciones ciudadanas según relevamientos recientes, un dato que condiciona el margen de maniobra del Gobierno de cara a la negociación parlamentaria.
