La Corte Suprema salió a aclarar su fallo sobre la Ley de Tierras y cuestionó los «discursos de odio» en redes sociales

En un hecho poco habitual, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado para precisar los alcances del fallo que había dictado días atrás en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra el artículo del decreto 70/2023 que eliminó los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El máximo tribunal remarcó que su decisión se limitó a una cuestión procesal -la legitimación de esa asociación para pedir una medida cautelar- y que en ningún momento se pronunció sobre si el nuevo régimen de tierras es constitucional o no.

Según señalaron los jueces, el fallo «no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto», y aclararon que cualquier persona que considere inconstitucional el actual régimen de tierras puede presentar su propio reclamo judicial. El comunicado buscó despejar la lectura que se había instalado tras la sentencia, interpretada por buena parte de la oposición y de organizaciones sociales como un aval de la Corte a la derogación del límite histórico del 15% a la extranjerización de la tierra.

El tribunal fue más allá y, sin nombrar a nadie en particular, cuestionó el tono que tomó la discusión pública tras el fallo. «La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia», sostuvieron los ministros, para quienes el reclamo ante la Justicia es, en una democracia, más adecuado «que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales».

El fallo original había generado un fuerte rechazo político y una convocatoria a movilizarse en las últimas horas, y reavivó en el Congreso el reclamo opositor de avanzar con un proyecto de ley propio sobre tierras rurales, en paralelo a los pedidos para tratar en una sesión especial de Diputados la derogación del decreto 70/2023.