El pasado 7 de marzo, la ciudad de Bahía Blanca fue escenario de lluvias torrenciales que resultaron en la trágica pérdida de 16 vidas, el desplazamiento de 1.450 personas y daños materiales estimados en 400 millones de dólares. En menos de 24 horas, se registraron 300 milímetros de lluvia, casi la mitad del promedio anual de precipitaciones en la región. Este fenómeno extremo ha puesto en evidencia la creciente vulnerabilidad de las ciudades argentinas ante eventos climáticos de gran magnitud.
El desastre generó una fuerte reacción social y política. Ciudadanos y organizaciones exigieron medidas concretas para prevenir futuras inundaciones, señalando falencias en la planificación urbana y en la respuesta de las autoridades. En respuesta, el gobierno nacional anunció la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos para la ayuda directa a los damnificados y la reconstrucción de las viviendas destruidas. Además, el gobierno provincial inició planes para revisar y reforzar el sistema de desagües, así como medidas de reubicación para familias que viven en zonas de alto riesgo.
Este evento ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas en la adaptación y mitigación del cambio climático. Expertos señalan que los fenómenos meteorológicos extremos se están volviendo más frecuentes debido al calentamiento global, lo que subraya la importancia de estrategias de mitigación y adaptación. Organizaciones ambientales y ciudadanos exigen a las autoridades locales y nacionales acciones concretas para mejorar la infraestructura urbana y fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias climáticas.
