La pelea entre el fiscal general Juan Manuel Delgado y el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno escaló a la primera línea mediática y expuso una fractura en la Justicia cordobesa con repercusión directa en la política provincial.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba atraviesa una crisis interna que refleja la tensión entre dos modelos de poder: el Schiarettismo, que mantiene mayoría en la cúpula judicial, y el Llaryorismo, que busca marcar territorio en un organismo clave para la política criminal.
El origen del conflicto
Todo comenzó tras una disertación académica en la que el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, designado por Martín Llaryora en 2024, cuestionó el uso extendido de la figura de asociación ilícita. Calificó como un “absurdo” aplicar este agravante a bandas de motochorros y criticó que se use como herramienta sistemática para encarcelar imputados de delitos comunes.
Sus declaraciones desataron una tormenta: los fiscales Enrique Gavier y Pablo Klinger, responsables de causas en las que se aplicó ese criterio, lo denunciaron formalmente ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia. Lo acusaron de “intromisión” y de ejercer “presión pública” sobre colegas y funcionarios judiciales.
Delgado toma partido
El fiscal general Juan Manuel Delgado, alineado históricamente con el schiarettismo, salió a respaldar a los denunciantes. “La posición del Ministerio Público es totalmente diferente. Apoyamos expresamente a los fiscales que utilizan la figura de asociación ilícita en causas complejas”, declaró en diálogo con Cadena 3.
Con esta definición, Delgado dejó en claro que no comparte la visión de su propio adjunto y buscó sostener la política criminal vigente, basada en la acumulación de causas y en la aplicación amplia de las figuras penales para reforzar las detenciones.
Una disputa con trasfondo político
El enfrentamiento no es solo jurídico. Detrás late la pulseada por la sucesión de Delgado, cuyo mandato vence en marzo de 2026. Pérez Moreno, con pliego aprobado a perpetuidad, aparece en el radar como posible reemplazante. Su irrupción es leída en Tribunales como la jugada de Llaryora para colocar un hombre propio en la Fiscalía General.
En cambio, Delgado representa la continuidad de la influencia schiarettista en la Justicia, con aliados como el fiscal general adjunto José Gómez Demmel y figuras de peso en el Tribunal Superior, entre ellas Luis Angulo y Aída Tarditti.
La controversia también arrastra viejas denuncias contra Delgado: su cercanía al poder político, la falta de antecedentes en derecho penal y los cuestionamientos por casos resonantes como el de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, donde familiares de su secretaria fueron detenidos por robar droga incautada.
Lo que se juega
La investigación al fiscal adjunto Pérez Moreno quedó en manos del Tribunal de Ética, mientras en Tribunales se multiplican los apoyos y críticas hacia ambas posturas. Algunos ven en el episodio un debate legítimo sobre los límites de la política criminal; otros lo leen como una batalla más en la guerra de poder que se libra en el corazón de la Justicia cordobesa.
Lo cierto es que la disputa dejó al descubierto un escenario donde los intereses políticos y las tensiones judiciales se entrelazan, en la antesala de una transición clave. Y vuelve a poner en primer plano una pregunta: ¿quién manejará realmente los hilos del Ministerio Público Fiscal en Córdoba después de Delgado?
