El oficialismo repuso límites a la compra de tierras por extranjeros para destrabar la ley de propiedad privada
El Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires. Foto: Agustingagliardone / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
La Libertad Avanza acordó con los bloques aliados en el plenario de comisiones de Diputados restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en un giro que destrabó el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El acuerdo fija que las personas humanas y jurídicas extranjeras no podrán superar el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, con un tope adicional del 30% para titulares de una misma nacionalidad dentro de ese cupo, y prohíbe la venta a extranjeros de terrenos con cuerpos de agua relevantes o ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La discusión se dio un día antes de la sesión en la que la oposición buscó sin éxito derogar el DNU 70/2023, el decreto con el que Javier Milei había dejado sin efecto la Ley de Tierras original, sancionada en 2011. Tras ese intento fallido, la Corte Suprema había dispuesto la vigencia provisoria de los límites como medida cautelar, y varios bloques aliados del oficialismo condicionaron su acompañamiento a que esas restricciones quedaran repuestas de manera definitiva en la nueva ley.
El proyecto de propiedad privada, que ya cuenta con media sanción del Senado desde agosto, introduce además cambios en los procedimientos de desalojo por falta de pago, en la restitución de inmuebles y en los mecanismos de expropiación. Si Diputados lo aprueba con las reformas del dictamen de mayoría, deberá volver a la Cámara alta para su revisión y sanción definitiva.
El tratamiento en el recinto quedó fijado para el miércoles 21 de octubre, en el marco de una semana que el propio oficialismo había definido como clave para el DNU 70. Desde la oposición, una legisladora cuestionó el cambio de postura del Gobierno, al señalar que terminará reponiendo una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner pese a haber impulsado originalmente su derogación total.
