El Gobierno envió al Congreso un proyecto de «soberanía nacional» con penas de hasta 15 años y el Reino Unido lo calificó de inaceptable

El Gobierno de Javier Milei giró el jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de «Defensa de la Soberanía Nacional» que amplía sanciones penales, multas e inhabilitaciones para operar en el país contra empresas y personas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas. La iniciativa incorpora, entre otros puntos, un artículo que castiga con entre 5 y 12 años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado o agente extranjero, lleve adelante campañas de desinformación masiva y coordinada que alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública, y otro que prevé penas de 8 a 15 años para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el país, con agravantes en caso de amenazas, sobornos o vínculos con redes criminales.

El envío del proyecto se dio en simultáneo con una decisión de la Justicia Federal argentina, que esa misma semana había ordenado a las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de continuar con obras del proyecto Sea Lion, de exploración y eventual producción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Otras cinco compañías afrontan denuncias penales en el marco de la misma causa. El presidente Milei defendió la nueva ley al sostener que la estrategia de soberanía sobre los recursos del Atlántico Sur se viene planificando de manera formal desde hace tres años.

La respuesta del Reino Unido llegó al día siguiente por boca de la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó las medidas argentinas de inaceptables y sin justificación legal, y afirmó que Londres respaldará a las compañías que operan en las islas por tratarse de empresas británicas. La disputa reabre una tensión diplomática de larga data entre ambos países en torno a la soberanía y la explotación económica del archipiélago, en un momento en que el Gobierno argentino intenta mostrar una posición más activa en el reclamo por Malvinas.

En el plano interno, el proyecto generó cuestionamientos de referentes de la oposición, que advirtieron sobre el riesgo de que la nueva figura penal se utilice para perseguir a opositores o comunicadores críticos del Gobierno, dada la amplitud de conceptos como «desinformación» incluidos en el texto. Especialistas en derecho constitucional también manifestaron reparos por la vaguedad de los tipos penales propuestos, mientras que organizaciones de la sociedad civil ligadas a la libertad de prensa expresaron preocupación por un eventual uso discrecional de la norma. El debate en comisiones de la Cámara de Diputados recién está previsto para la semana del 7 de octubre.