El Gobierno desplazó a personal civil de la Quinta de Olivos y puso la seguridad en manos de la Casa Militar

El Gobierno nacional dispuso la desvinculación de al menos diez empleados civiles de la Quinta de Olivos tras una denuncia interna por presuntas filtraciones de información, en una medida que podría extenderse a entre 90 y 100 puestos de trabajo en las próximas semanas. Entre las personas despedidas de manera inmediata había un trabajador con discapacidad, según trascendió tras conocerse la decisión.

El recambio en la residencia presidencial había comenzado dos semanas atrás, cuando el intendente de la Quinta, Osvaldo Sosa, fue reemplazado por un teniente del Ejército. Ahora, de manera más amplia, las autoridades resolvieron que la Casa Militar asuma la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la residencia de Olivos, en un proceso de transición que se completaría en un plazo máximo de 60 días.

En términos prácticos, el cambio implica que tareas hoy a cargo de personal civil tercerizado —como el servicio de mozos, cocina, jardinería y áreas administrativas— pasen a estar en manos de personal militar, lo que supone la salida de los proveedores civiles que prestaban esos servicios. Desde el entorno presidencial justificaron la decisión por razones de eficiencia y por la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad de cara a una visita papal prevista para los próximos meses.

Según trascendió, el asesor presidencial Mario Suli tuvo un rol relevante en las alertas que derivaron en la denuncia de espionaje dentro de la residencia, un episodio que generó cuestionamientos de sectores gremiales estatales por la forma en que se produjeron las desvinculaciones. El caso se suma a una serie de cambios que el Gobierno viene introduciendo en el esquema de custodia y funcionamiento de los espacios oficiales desde el inicio de la gestión.