Los senadores nacionales entraron en receso invernal con una nueva polémica sobre sus dietas. Los trabajadores legislativos acordaron un incremento salarial acumulado del 6,6%, distribuido en tres tramos: 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto. Como consecuencia del mecanismo de actualización automática vigente en la Cámara alta, las dietas de los senadores llegarán a los $12 millones brutos mensuales a partir de agosto.
El incremento se explica por la denominada «ley de enganche», una resolución que el propio Senado aprobó en una polémica sesión de abril de 2024 y que vincula los ingresos de los legisladores con el valor del módulo legislativo, la unidad utilizada para pagar los sueldos del personal del Congreso. Bajo ese esquema, cada senador percibe 4.000 módulos mensuales —2.500 en concepto de dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo—, por lo que cualquier actualización paritaria de los trabajadores legislativos se traslada de manera directa a sus propios ingresos. La situación es distinta en Diputados, donde no rige el enganche y los legisladores mantienen un sueldo bruto de poco más de $6 millones, la mitad de lo que percibirá un senador.
Quiénes rechazan el aumento
Por el momento, no se prevé que el Senado busque derogar la medida de enganche, y la única manera de evitar el incremento es que cada legislador renuncie puntualmente a la suba o done el monto de la actualización. La senadora radical Carolina Losada reiteró su rechazo al aumento y confirmó que presentó una nota ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para renunciar a todas las subas del año: «Mi dieta en mano, con los descuentos, es de 7.190.000 pesos, en todo concepto», precisó.
El bloque de La Libertad Avanza, por su parte, había anunciado que donará el excedente del aumento, aunque otros integrantes del oficialismo reconocen que resulta difícil derogar la resolución de 2024 por falta de mayorías propias y de sus aliados. Entre los casos particulares se destaca el del senador formoseño Francisco Paoltroni, cuya dieta se encuentra embargada en el marco de un conflicto con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán: «Me inventó multas y embargos con la intención de desprestigiarme. No existe el Estado de derecho en Formosa», señaló el legislador.
